El desarrollo de la eólica en Galicia y el problema de su inseguridad jurídica

La AEE advierte que Galicia vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico. Es consecuencia de la judicialización masiva de proyectos. Eso, a pesar de que cuenten con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción. El Tribunal Supremo suspendió mediante sentencia, en diciembre, la paralización cautelar de 200 MW impuesta por los tribunales gallegos.

Informa la AEE que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anunciar la paralización de 13 nuevos proyectos. Para ello, se ha basado en la «prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental«. Pero señala la asociación:

“Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente”.

Mapa de zonificación ambiental

El tribunal gallego se basa ahora en el mapa de zonificación ambiental, publicado por MITECO como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos. Esa utilización se cuestiona desde varios ámbitos jurídicos. El mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos. Su misión es informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas. Al respecto explica la AEE:

“Es una herramienta de aviso de la dificultad, no de prohibición ni de habilitación de espacios. Igual que no puede prohibir, tampoco garantiza que un proyecto que se desarrolla en una zona favorable en el mapa vaya a obtener una autorización ambiental positiva”.

Es la Declaración de Impacto Ambiental el trámite riguroso y vinculante que aprueba, o no, el proyecto. Para su aprobación, los técnicos competentes de la Administraciones Públicas analizan todos los impactos ambientales de los proyectos. Esa declaración aprueba o deniega la autorización ambiental, incluso impone medidas preventivas, compensatorias o mitigadoras si proceden.

Paralizaciones en Galicia

Desde la AEE indican que las paralizaciones en Galicia:

“Vuelven a poner en cuestión la interpretación y aplicación que se ha venido realizando desde hace más de diez años de la ley 21/2013 de evaluación ambiental, ya que cuestiona la autoridad, el juicio técnico y la competencia de los expertos del órgano ambiental de la Administración para otorgar la autorización a los proyectos”.

Además, no sólo afecta a la construcción de parques eólicos, sino que se puede invocar el mismo principio para otras tramitaciones. Es decir, el mismo principio podría valer para para cualquier tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura. Y no sólo en Galicia, sino en España e incluso en toda Europa.

Los problemas en Galicia, que se suceden en el tiempo, no favorecen la llegada de nuevas inversiones. Los inversores de cualquier proyecto renovable en Galicia no cuentan con garantías jurídicas. Y eso, a pesar de superar con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor. La aprobación de los trámites no conlleva la ejecución de las instalaciones, por su paralización. Y de ello se derivan perjuicios económicos y patrimoniales.

Galicia necesitará 8 TWh adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos. Así lo indica el estudio de impacto que se hizo público el pasado otoño.

Si se sigue frenando la implantación de energía eólica, dice la AEE, no será posible cumplir objetivos, ni de potencia renovable, ni de cambio climático. Hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Eso supone unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años.

Perjuicios para Galicia

Añade la AEE:

“La situación actual perjudica claramente a la sociedad gallega frente a minorías que no se identifican como corresponsables en proyectos sociales y económicos de futuro para su propia tierra”.

Si no acaba esta situación, la paralización de proyectos tendrá un impacto directo en la sociedad y economía de Galicia. Además, podrá afectar a varias generaciones durante años. Eso evitará que:

• Las comunidades rurales tengan oportunidades de progreso local gracias a los ingresos de los parques eólicos.
• La industria consiga energía competitiva, limpia y asegurada durante mucho tiempo;
• El mantenimiento de la población en el medio rural, forzando una emigración industrial hacia otros territorios;
• La cadena de valor sea de proximidad respecto a los encargos de los parques en construcción, montaje y operación posterior. En esa cadena de valor se consideran bienes de equipo, proveedores locales de servicios, constructores de obra civil, etcétera;
• Los sectores indirectos, como la hostelería y la restauración, los servicios, etc, de los ingresos que generaría la actividad de los parques a lo largo de su ciclo de vida.

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Fuente: Energy News
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