El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas sobre delitos medioambientales y sus correspondientes sanciones
El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva Directiva que contiene una lista actualizada de delitos medioambientales. Entre ellos: comercio ilegal de madera; agotamiento de recursos hídricos; infracciones graves sobre productos químicos; contaminación causada por los buques. Además, la normativa incluye el llamado “delito cualificado”. Como ejemplo: incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo.
Ayer hablábamos de la nueva Ley de la Restauración de la Naturaleza aprobada por el Parlamento Europeo. Hoy, sobre delitos medioambientales. La contaminación generalizada, explican, conlleva la destrucción de un ecosistema. Por tanto, es equiparable al “ecocidio”.
Los delitos medioambientales son la cuarta actividad delictiva del mundo. Los cometidos por personas y representantes de empresas se castigarán con penas de cárcel. El periodo de tiempo dependerá de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños.
- Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión;
- Aquellos que causen la muerte de una persona, con diez años;
- Y los demás delitos, con hasta cinco años.
Todos los infractores estarán obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.
Para las empresas, las multas alcanzarán el 3% o el 5% de su facturación mundial anual. O, alternativamente, a 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.
Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
Contexto de la normativa de delitos medioambientales
Explican desde el Parlamento Europeo que la delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo. Además, es una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos.
La Comisión presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Con ella trataba de paliar el creciente número de infracciones penales contra el medio ambiente.
Tras la votación en el Pleno, el ponente del Parlamento Europeo, Antonius Manders ha explicado:
“Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán. Además, es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa. La introducción del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativas”.
Estados miembros y la nueva Directiva
La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.
La Eurocámara insistió en que las personas que denuncien delitos medioambientales deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.
También garantizó que los Estados miembros impartan una formación especializada para policías, jueces y fiscales. Además, deberán preparar estrategias nacionales y organizar campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental.
Los datos recogidos por los Gobiernos de la UE sobre delitos contra el medio ambiente deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista.
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Fuente: Energy News
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