Las consecuencias de la falta de formación de los jueces en materia de cambio climático
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) advierte de que, actualmente, existe una escasa formación en derecho del medio ambiente y sobre cambio climático en la judicatura española.
En consecuencia, el instituto advierte de que esta situación supone un obstáculo tanto a la aplicación efectiva de las normas de protección del medio ambiente como al acceso a la justicia en esta materia.
Ana Barreira, directora y fundadora del IIDMA, señala: “Contamos con un gran número de normas de protección de nuestro planeta que van desde convenios internacionales, hasta leyes y reglamentos, pero hay un déficit evidente en su aplicación, a la luz de la situación de degradación ambiental a la que nos enfrentamos. Es esencial que los programas formativos de los futuros jueces incluyan esta materia, más aún ante un muy probable aumento de recursos judiciales en defensa del medio ambiente sobre los que tendrá que pronunciarse la judicatura”, añade.
La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), una plataforma y compuesta por cien personas elegidas al azar de diversas procedencias que se creó el año pasado en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, también detectó esta deficiencia. En su informe final de recomendaciones para lograr “una España más segura y justa ante el cambio climático” incluyó, en la número 146, la necesidad de “formar a jueces y miembros de la judicatura sobre las respuestas jurídicas ante el cambio climático y la protección del medio ambiente”. Dicha recomendación busca impulsar una formación “específica” de este sector en materia de cambio climático y protección del medio ambiente.
Creación de tribunales ambientales
Actualmente, se ha registrado un aumento significativo de litigios climáticos contra grandes corporaciones por su actividad altamente contaminante y fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. También existen casos contra las administraciones públicas por su falta de acción ante el cambio climático.
Según informa el IIDMA, en España, una gran parte de estos asuntos se dirimen ante tribunales del orden contencioso-administrativo o penal. Para el instituto, se hace necesaria la creación de tribunales o salas especializadas para abordar de forma más específica los conflictos ambientales, dada su naturaleza compleja.
De igual manera, estos tribunales contribuirían a agilizar los procedimientos judiciales evitando que puedan llegar a consumarse daños al medio ambiente. Este tipo de tribunales ambientales ya existen en más de 50 países, como Canadá, Chile o China.
Jornada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Para apoyar esta recomendación y fomentar la concienciación sobre esta problemática, el IIDMA ha organizado la jornada ‘El rol de la judicatura en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente’, que ha tenido lugar este viernes, 14 de abril, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El evento ha contado con la participación de especialistas como Valvanera María Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC); Jorge Jiménez Martín, magistrado y director de la Escuela Judicial (Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT); Wenceslao Olea Godoy, Vocal del CGPJ y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS); Guillermina Yanguas Montero, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), entre otros.
En palabras de la abogada ambiental del IIDMA Alba Iranzo: “La ciudadanía en su conjunto es cada vez más consciente de la importancia del fenómeno del cambio climático en la salud del Planeta y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Visto el nivel de vulnerabilidad de España ante la crisis climática, es más necesario que nunca contar con profesionales especializados en esta materia. Esto incluye al sector de la judicatura, que juega un papel crucial para garantizar, en última instancia, la correcta aplicación de las normas ambientales”.
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Fuente: Energy News
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